Diario de León | 24/02/2010
UPermitir edificar en determinadas zonas, licencias de primera ocupación a edificios, planeamiento urbanístico de los municipios, licencias ambientales a actividades, sanciones, delimitación de áreas acústicas, inspecciones, sanciones… Todas ellas competencias del ámbito municipal que contempla la nueva Ley del Ruido de Castilla y León y que la Diputación velará por su cumplimiento en el ámbito rural, ya que los pequeños ayuntamientos carecen de los mecanismos de control precisos para esta misión.
HLa institución provincial contará en el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) con un área específica de atención a las obligaciones que marca esta normativa contra el ruido, tal y como anunció ayer su presidenta, Isabel Carrasco. Ayer fue la encargada de inaugurar en la capital la jornada organizada por la Federación Regional de Municipios y Provincias para analizar esta ley, en una convocatoria que reunió a un centenar de ayuntamientos.
Esta labor de auxilio de la Diputación será esencial para velar que se cumpla la obligación que establece que con carácter previo a la concesión de licencia de construcción de un edificio, el promotor debe presentar al ayuntamiento un estudio acústico para evaluar los niveles sonoros existentes fuera del inmueble. Antes de dar licencia, el municipio tendrá que estudiar estos informes y comprobar si se cumplen los objetivos de calidad acústica. Además, los instrumentos de planificación territorial y los urbanísticos tienen que incluir una zonificación acústica del territorio, zonas de servidumbre acústica y medidas para prevenir estos ruidos para alcanzar los objetivos de calidad. La ley establece que sean las diputaciones las que evalúen, en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, el informe que debe presentar el promotor que justifique que se cumple «in situ» con los aislamientos acústicos exigidos, así como que las instalaciones comunes del edificio no producen en las viviendas valores límite superiores a los fijados. El informe debe ser realizado por una entidad de evaluación acústica. A la hora de conceder licencia ambiental a actividades, los informes acústicos también serán esenciales con el objetivo de actuar de manera preventiva a través de la proposición de medidas correctoras para evitar la aparición de quejas y denuncias futuras. En las labores de control, inspección e imposición de sanciones contarán, igualmente con la supervisión del SAM. Una obligación más. La presidenta de la Diputación resaltó ayer que la Ley del Ruido de Castilla y León fija nuevas obligaciones para los ayuntamientos y más responsabilidades de auxilio en la labor de la institución provincial.