«Es en esta parte del distrito 5 donde más pugnas se generan pero los casos están repartidos por toda la ciudad», explica el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento bilbaino, Eduardo Maiz. De hecho, en 2008 el pleno municipal debatió sobre la necesidad de atender los conflictos comunitarios y, principalmente, los problemas entre residentes que afectan a las relaciones en su vida cotidiana.
Los ruidos son la causa más frecuente de fricción. «En principio son molestias, pero pueden acabar en amenazas», detalla el edil, que pone como ejemplo el sonido de un piano o los constantes ladridos de un perro. Estas son cuestiones de civismo pero hay otras que, en ocasiones, alcanzan dimensiones importantes. Y como muestra señala las quejas de los residentes en relación a centros que atienden a personas en situación marginal, como ocurrió en el reciente caso de Bizitegi, en Txurdinaga, y Hon-tza, anteriormente. Los ruidos son la causa más frecuente de fricción. «En principio son molestias, pero pueden acabar en amenazas», detalla el edil, que pone como ejemplo el sonido de un piano o los constantes ladridos de un perro. Estas son cuestiones de civismo pero hay otras que, en ocasiones, alcanzan dimensiones importantes. Y como muestra señala las quejas de los residentes en relación a centros que atienden a personas en situación marginal, como ocurrió en el reciente caso de Bizitegi, en Txurdinaga, y Hon-tza, anteriormente.
Para poner fin a estas situaciones nació el Observatorio de la Convivencia, que ha mediado en 66 conflictos entre vecinos en los dos últimos años. Concretamente, los casos en los que ha intervenido este organismo son 18 en su primer año, el pasado fueron 32 y otros 25 en el tiempo transcurrido en 2010.
Además de la concejalía que dirige Maiz, otras áreas y organismos se alían para poner paz en Bilbao: Surbisa, Viviendas Municipales, Bizilagun, el Servicio de Mediación del Departamento de Justicia del Gobierno vasco y el Servicio de Intermediación Intercultural.
La compra de estos aparatos y su instalación debe ser costeada por los propietarios de los locales, además de la correspondiente homologación conforme a la normativa nacional y también a la regulación municipal.
El Observatorio es «una herramienta innovadora para la resolución de conflictos», asegura Maiz. Lo primero que hace este organismo es situar los casos en un mapa con las zonas en las que se producen los problemas, «un elemento vivo en el que los puntos aparecen y desaparecen a media que se solventan y surgen otros nuevos».
Cuando la situación es muy complicada se crea un equipo de gestión con personal que posee una formación integral. En 2009 trabajaron un total de 500 funcionarios entrenados en resolución de conflictos. De ellos, la mitad eran policías municipales. Es importante la participación de los agentes, «porque ellos son los que están en la calle y viven de cerca los problemas». El resto del personal son sociólogos, psicólogos, abogados y trabajadores con una formación específica en este campo.
La voz de alarma sale de las concejalías que conocen la existencia de un problema que puede estar deteriorando la convivencia ciudadana y que no acaba de solucionarse. Además, cualquier vecino puede presentar una solicitud de atención a conflictos comunitarios. Detectado el problema, se elabora un diagnóstico del caso para, a continuación, ponerse en contacto con las partes y buscar el apoyo de estos especialistas. Es entonces cuando se decide qué áreas municipales deben ponerse en marcha para zanjar la cuestión que puede alcanzar diferentes grados de gravedad. Así, mientras algunos no salen del ámbito de lo privado, otros generan alarma social.
Unos se resuelven porque las partes llegan a un acuerdo que plasman en un documento. Sin embargo, cuando no llegan a un consenso el Observatorio de la Convivencia recomienda que utilicen la vía civil. Eso sí, «estas situaciones son las menos». En el peor de los casos hay conflictos que no se resuelven «porque lograrlo en todos los casos es imposible», reconoce Maiz. Lo importante es restablecer la convivencia ciudadana.

